La capacidad de regulación sigue siendo igual de insuficiente, lo que ha quedado manifiestamente al descubierto con las últimas lluvias.
Las lluvias han salvado los muebles de esta próxima campaña, o por lo menos han aliviado sus destrozos, aunque no en todas las cuencas ni en todos los sistemas. Pero que nadie se lleve a engaño. Desde el punto de vista de la capacidad de regulación y de la necesidad de obras hidráulicas nada ha cambiado. Ni siquiera la urgencia, porque las infraestructuras que necesita el regadío no se hacen de un día para otro, y, algunas como las presas tiene un período mínimo de maduración y ejecución de quince años. Así que todo lo que era urgente en febrero sigue siendo igual de urgente en abril, o más si cabe, porque las obras que necesitamos van cada vez más tarde para la próxima sequía, que a efectos reales es la importante porque para la actual no hubieran llegado.
De modo que lejos de bajar la presión, desde Feragua debemos insistir, ahora más que nunca, en la urgencia de todas las inversiones aprobadas en los planes hidrológicos y que llevan años paralizadas, una demanda a la que añadimos la reivindicación de la ejecución de unas 200 nuevas balsas en Andalucía que permitirían aprovechar mucho más las aguas de escorrentías, como las que se han generado con las precipitaciones de Semana Santa. Porque si efectivamente algo han puesto al descubierto las últimas lluvias es la falta de capacidad de regulación de Andalucía y en especial de la Cuenca del Guadalquivir, lo que ha estado a punto de provocar inundaciones y ha impedido almacenar más agua con la que mejorar las dotaciones de riego. En concreto, en solo una semana se han vertido al mar más de 350 hm3 por la presa de Alcalá del Río, gran parte de la cual se podría haber aprovechado con balsas de riego, presas e infraestructuras de bombeo. Por la falta de capacidad de regulación la Cuenca no ha sido posible y solo con que hubieran caído 50 litros más, el río se hubiera salido de su cauce y ahora mismo estaríamos lamentando los daños causados por las inundaciones.
Para nosotros la parálisis de la administración resulta incomprensible, porque además es que estas infraestructuras no son un gasto público, sino una inversión que las administraciones recuperan. La recuperan en los cánones y tarifas pero, incluso si se hicieran en forma de inversión a fondo perdido, se recuperaría en el PIB y en la balanza comercial con los ingresos generados por la actividad agrícola.