Todas las medidas e inversiones anunciadas por las administraciones en sus respectivos decretos de sequía son necesarias pero insuficientes, están pensadas fundamentalmente para el abastecimiento y sobre todo no evitarán la ruina del regadío, no ya en esta sequía, que es inevitable, sino en la próxima sequía, que será igualmente catastrófica o peor, pues la agricultura seguirá en la misma situación de vulnerabilidad frente a la falta de lluvias. Por eso, junto al inicio de todas las obras proyectadas en la planificación hidrológica y la simplificación máxima de su tramitación ambiental, exigimos a las administraciones la puesta en marcha de un plan de 100-200 balsas en Andalucía, con el cual se pueda mejorar notablemente la garantía de agua para riego agrícola en un plazo medio de dos-tres años.

¿Imposible? Imposible no hay nada. Todo es cuestión de voluntad política. En los tres mandatos del Gobierno de Felipe González se impulsaron en nuestra Comunidad veinte grandes presas con una capacidad de almacenamiento de 3.300 hm3, lo que supuso un aumento del 70% de la capacidad preexistente, que era de 4.880 hm3. Y eso fue posible gracias a una ley de medidas excepcionales contra la sequía (Ley 6/ 1983), en virtud de la cual se declaró el interés general y la urgencia de acometer treinta embalses en toda España, nueve de ellos en el Guadalquivir. La única diferencia de entonces a hoy es que no vivíamos bajo la dictadura del terror jacobino ecologista.

Pedimos finalmente a las administraciones que arbitren todas las medidas a su alcance para paliar al menos la catástrofe que se avecina al regadío para la próxima campaña si no se producen lluvias, y entre ellas, debemos destacar singularmente la activación y tramitación ágil de los pozos de sequía y las cesiones de derecho entre comunidades. Aun con esas medidas, el regadío se expone en la próxima campaña al riesgo de perder la arboleda, que supone el 75% de la superficie agrícola regable andaluza. Y si se secan naranjos, aguacates, almendros y olivares, o se dejan de plantar frutos rojos, de lo que estamos hablando no es de perder las cosechas de un año, es de una catástrofe económica y social intensa y extensa no ya durante un año, sino durante muchos años.

Es mucho lo que nos jugamos. Y de ahí las protestas. Pedimos a la población que se solidarice con ellas, a pesar de las molestias que puedan causarles, porque el problema del campo no es solo de los agricultores, es de todos, y la subida de precios es solo la punta de un iceberg mucho más profundo, que compromete las exportaciones y la balanza comercial, el empleo rural y todo el patrimonio natural y cultural de esas poblaciones y, por encima de todo, el abastecimiento de productos agrícolas en nuestras mesas. El problema de la agricultura es un problema de todos.