El Gobierno se excede en la protección de las aguas contra la contaminación difusa, fijando criterios que van más allá de las propias exigencias comunitarias.
Otra de las novedades normativas de este año, de mayor afección sobre los intereses del regadío, será el Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias. Este Decreto vendrá a sustituir al Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, norma original de transposición de la Directiva 91/676/CEE, y su objeto es establecer medidas para prevenir y reducir la contaminación de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias, y actuar preventivamente contra nuevas contaminaciones de esa clase.
El presidente de FERAGUA, D. José Manuel Cepeda, vocal en el Consejo Nacional del Agua, votó en contra del proyecto. Las razones de esta discrepancia son dos fundamentales:
-El Decreto señale a la Agricultura como la única/principal fuente de contaminación por nitratos, cuando también el abastecimiento y la industria lo son.
-En los criterios para determinar aquellas zonas afectadas por la contaminación difusa, el MITERD va más allá de lo que establece la propia UE. Legislar más allá de lo que pide Europa es pegarnos un tiro en el pie (en el pie de nuestra agricultura) autoimponiéndonos condiciones limitadoras que nos harán competir en inferioridad de condiciones con nuestros países vecinos.