La subida del precio de la energía en el mercado y el cambio del período tarifario condenan al regadío a una subida de costes inasumible que requiere de correcciones urgentes.
La factura eléctrica se reparte en tres partes fundamentales: el coste de la energía; los cargos y peajes y los impuestos. El primero representa entre un 35—50% de la factura eléctrica; el segundo entre un 20-30%; y el último, un 26%. Pues bien, el regadío se ha visto perjudicado por un incremento de los costes en los dos capítulos que suman el 75% del total de la factura eléctrica.
El primero, el del precio de la energía, es el que lleva protagonizando las portadas de los medios nacionales desde hace unas semanas. Normalmente, el coste de la energía se mueve entre 45/60 euros/MWh, el año pasado bajó con la pandemia a 35/40 euros y ahora ha llegado a sobrepasar los 150 euros. Quiere decir esto que el coste se ha triplicado. De momento, el Gobierno no ha hecho nada para corregir esta tendencia, a pesar de que somos el país europeo donde más se paga por la electricidad. En el regadío, el problema lo están sufriendo ya aquellas comunidades con contratos indexados al mercado, pero empezarán a sufrirlo pronto aquellas comunidades con contratos fijos de próximo vencimiento, pues verán renegociadas inevitablemente sus condiciones.
En el segundo capítulo, el de los cargos y peajes, el Gobierno ha introducido una modificación de los periodos tarifarios que, como ya informamos, entró en vigor el pasado 1 de junio y perjudica enormemente al regadío, pues castiga nuestro patrón de consumo, encareciendo por ejemplo enormemente la electricidad que se consume en agosto. El nuevo calendario tarifario podría subir a algunas comunidades hasta un 30% del total de la factura.
Y por último están los impuestos. Estando vinculado al mercado el primer capítulo de la subida de los costes y no siendo de fácil solución, y habida cuenta de que será difícil que se modifique el capítulo de cargos y peajes que se acaba de modificar (para los políticos, rectificar no es de sabios), lo que nos parece más factible es que el Gobierno actúe sobre el tercer gran capítulo de la factura eléctrica.
La reducción del IVA se erige así en la medida que necesita el regadío de forma urgente. Para las comunidades de regantes, el 21% del IVA resulta además especialmente gravoso, pues, por su régimen fiscal, no lo puede compensar y supone un coste íntegro. La reducción del IVA en la factura eléctrica, que en países como Italia (que tiene un 4%) ya existe desde hace años, es una medida necesaria para el regadío, largamente demandada por Feragua y que en este contexto cobra mayor necesidad y urgencia que nunca.
Por otro lado, es absolutamente necesario y urgente que se permite modificar la potencia del suministro eléctrico dos veces al año para adaptarlo al patrón estacional del regadío, mediada ya aprobada por Ley, pero que incomprensiblemente no se desarrolla reglamentariamente. ¿Qué espera ese Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para hacerlo? ¿Quizás no le interesa el regadío como medio principal para conseguir parar la España Vaciada o como garante de la seguridad alimentaria?