Representan una inversión no ejecutada de más de 1.000 millones de euros que habría neutralizado o suavizado los estragos de la sequía en las últimas campañas.
De acuerdo con la planificación hidrológica, en los últimos quince años se deberían haber empezado en Andalucía 17 obras hidráulicas y 19 proyectos de modernización: Pero el contraste entre el papel y la realidad es demoledor. De esas 17 obras hidráulicas, dos (las presas de Velillos y Cerro Blanco) fueron posteriormente rechazadas. Y de las 15 restantes, solo hay dos iniciadas: el Túnel de San Silvestre, adjudicada muy recientemente y por tanto muy en los albores de su ejecución, y la presa de Alcolea, ejecutada al veinte por ciento, paralizada desde 2017 y pendiente de informes ambientales encargado por el MITERD: en definitiva, con pocos visos de ser reiniciada pronto.
Del resto de obras contempladas en los planes hidrológicos que en este tiempo se han sucedido, el nivel de ejecución es cero. Pero, lo que es más grave, la tramitación no sólo es que avance lenta, es que no se ha iniciado en la mayor parte de los casos. En definitiva, la mayoría de estas obras no tiene siquiera proyecto terminado. La excepción más significativa es el Proyecto de Mejora del Tramo Común del Bajo Guadalquivir, ya licitado. Y por eso, desde 2009, año de entrada en servicio del embalse de la Breña II, no se ha iniciado una sola nueva obra de regulación en toda Andalucía. Sí se terminó una presa que se había iniciado mucho antes, la de Siles en 2012, pero tampoco da servicio a sus usuarios por falta de conducciones.
En total, estamos hablando de una inversión de más de 1.000 millones en obras hidráulicas que se debería haber realizado para aumentar la garantía de agua en Andalucía y que no se ha realizado. ¿Por qué? Pues porque la política hidráulica está entregada desde hace años a la demagogia ecologista. No hay otra explicación posible. Pero algo se empieza a mover en Europa.