Se abre asimismo una ventana para una posible documentación, pues la propuesta de nuevos peajes va a pasar de nuevo por el trámite de consulta pública.
Ya nos hemos referido en varias ocasiones al perjuicio grave que representaba para el regadío el cambio de tarifas eléctricas anunciado por el Gobierno central. Recientemente, Fenacore había denunciado ante los medios de comunicación que dicho perjuicio podía elevarse a un encarecimiento de la factura eléctrica de hasta el 73% en algunas comunidades. En resumen, la nueva metodología para calcular los peajes de transporte y distribución resultaba catastrófica para el regadío, y por ello Fenacore había presentado unas alegaciones a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), advirtiéndole que las nuevas tarifas podrían amenazar la supervivencia de miles de agricultores.
La pandemia, sin embargo, ha acabado retrasando la entrada en vigor de los cambios en la factura, que ahora se anuncian para abril de 2021, lo cual al menos es un alivio que salva el temido efecto que su implantación iba a tener sobre la factura de los meses de verano. Pero lo más alentador es sin duda que la propuesta de nuevos peajes se va a poner de nuevo en consulta pública, lo que abre una ventana para poder modificar el texto y que el Gobierno entre en razón. Naturalmente, Fenacore volverá a alegar e insistir en el impacto negativo de estas nuevas tarifas para el regadío.
Será igualmente, el momento de solicitar que se prorrogue más allá del estado de alarma la posibilidad de modificar la potencia a contratar dos veces en 12 meses, con el objetivo de adaptar la potencia a contratar a las necesidades reales del regadío y de esta forma reducir los altísimos costes fijos (regulados), que representan más del 60% de la factura eléctrica para los agricultores de regadío. La posibilidad de modificar la potencia contratada dos veces en 12 meses, es una medida largamente demandada por el sector y fue aprobado en la Ley 1/2018 de medidas contra la sequía, estando pendiente de un desarrollo reglamentario, que la situación generada por el COVID lo ha facilitado de forma temporal y que confiamos se consolide más allá del periodo de estado de Alarma, para terminar con la enorme injusticia de pagar unos altísimos costes de potencia eléctrica que realmente no se demandan en los periodos de no riego, que salvo excepciones ( Fresas de Huelva e Invernaderos de Almería), varían desde febrero- mayo (inicio de temporada de riego) hasta septiembre-noviembre (fin de temporada de riego), todo ello en función de la climatología y los cultivos de cada zona regable.