El regadío, cada vez más preocupado por el plan de gestión de riesgos e inundaciones de la Demarcación del Guadalquivir en período de consulta pública.
En el marco del período de consulta pública para debatir sobre el plan de gestión de riesgo e inundaciones de la Demarcación del Guadalquivir, la CHG organizó un seminario sobre el estado de implantación de la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo, relativa a la “Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación”. Y la conclusión, después de asistir al mismo, es que estamos muy preocupados.
Nos preocupa la delimitación abusiva tanto de las zonas inundables como del dominio público hidráulico “probable”. Normalmente, los objetivos de los planes dicen menos que las actuaciones. Son un bla, bla, bla, antes de ir a lo que de verdad cuenta. Pero a veces también la exposición de fines resulta muy reveladora. Y en este caso lo es. Porque lo que ese documento reconoce como objetivo no es proteger a las personas y las infraestructuras básicas, es “proteger el régimen de las corrientes de avenidas”. O sea, el mundo al revés. En vez de hacer el mundo más habitable, lo que se intenta, según parece, es hacerlo más salvaje. Involución, en vez de evolución.
Por lo demás, y como ya hemos contado en reiteradas ocasiones, la delimitación de las zonas inundables se ha basado en modelos teóricos que no tienen en cuenta la realidad ni tampoco consideran las obras de regulación y de protección de avenidas. Son declaradas 60.000 has de zona inundable en la Cuenca, de las cuales 52.000 están en el ámbito rural y 8.000 en zonas urbanas. En total hay 54.000 has de uso agrícola. El 94% de las zonas inundables son de uso agrario y, de esas 54.000 has, más de 40.000 son de regadío. Estamos hablando por tanto de una medida que va principalmente contra la agricultura y particularmente contra la agricultura de riego, la que más riqueza y empleo genera.
Algo parecido ocurre con la delimitación del dominio público hidráulico probable: hay 11.900 has en zonas rurales, 400 en zonas urbanas, y de ese total, la mitad, más de 6.000 has, son de riego. Zonas todos de propiedad privada, que podrían hacerse públicas sin compensación o contraprestación alguna para los legítimos propietarios.
Aunque algunos criterios ya han sido suavizados, al ser consideradas parcialmente las alegaciones presentadas por Feragua en una consulta pública anterior, el borrador del plan de evaluación y gestión de los riesgos de inundación en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir siguen causando una verdadera alarma en el regadío, que es además compartida por numerosos ayuntamientos que se han sumado a Feragua en las alegaciones anteriores, y que estamos convencidos que se sumaran en este nuevo periodo abierto de consulta pública.