Feragua planteó sus demandas durante las tres webinar en las que estos documentos se expusieron a consulta pública.
Como ya se ha informado los EpTIs (documentos previos al proyecto del plan hidrológico) de las tres cuencas litorales andaluzas están en fase de consulta pública, y las limitaciones relacionadas con el estado de alarma han llevado a que su presentación se haya realizado a través de sesiones virtuales. En las tres webinar celebradas (una por cada cuenca: Guadalete-Barbate; Tinto-Odiel-Piedras y Mediterránea Andaluza), todas ellas coordinadas por el subdirector general de Planificación y Recursos Hídricos, Ricardo Ruiz Antúnez, ha estado presente Feragua, que ha planteado sus demandas y preocupaciones sobre los borradores actuales.
La primera de ellas, es que no contemplan inversiones en obras hidráulicas para hacer frente al cambio climático. Nosotros pensamos que es el momento en que el Gobierno andaluz ponga su propio sello en la política hidráulica y se diferencia sin complejos de la administración anterior. Por tanto, y frente a la sequía inversora de anteriores etapas, es necesario hacer frente al cambio climático (que traerá períodos mayores de sequía y mayores riesgos de inundaciones) mediante nuevas obras de mejora de regadíos, y también de obras de transporte y de regulación. Infraestructuras hidráulicas prioritarias son: la duplicación del túnel de San Silvestre, el trasvase del Condado y la terminación de la presa de Alcolea en la cuenca Tinto-Odiel y Piedras, en la provincia de Huelva; la presa de Gibralmedina, en el río Guadiaro, en Cádiz. En la zona de Almería y la costas de Granada y Málaga es necesario asimismo poner en marcha inversiones en recursos no convencionales, tanto de regeneración de aguas como de desalación, y todo ello, a costes asumibles para los agricultores.
Hasta el momento, los responsables de la administración andaluza han venido alegando que esas inversiones son en su mayoría competencias estatales. Sin embargo, existen mecanismos de colaboración público-pública que sin duda permitirían poner en marcha y agilizar esas inversiones, que, no nos engañemos, será difícil que realmente se desarrollen sin que la administración más cercana al territorio se empeñe en ello, presione por ello y dedique dinero a ello.
Otra cuestión: los caudales ecológicos. Se ha realizado una previsión completamente desproporcionada y desajustada a las características de nuestros ríos. Los volúmenes previstos deben adaptarse a la singularidad de nuestros ríos, que, salvo excepciones, responden al perfil de los ríos cortos mediterráneos, con grandes crecidas cuando llueve, y por el contrario periodos de estiaje muy largos. Los caudales ecológicos no pueden ni deben afectar las concesiones. Y desde luego no pueden ser la excusa para condicionar las ya ajustadas e incluso reducidas dotaciones – caso de la Fresa en la cuenca TOP – que tienen los regantes del litoral andaluz. Quizás no haya sido esa la intención del Ejecutivo, pero cuidado que todo lo que se regula tiene consecuencias. Y lo que se dejó escrito con una intención puede utilizarse con otra.
Por lo demás, el documento está contaminado por los planteamientos económicos- financieros de la autodenominada “nueva cultura del agua”, a la que hay que reconocerle el éxito de ser el nuevo “mainstraim”, la corriente mayoritaria que condiciona los planteamientos políticos sobre gestión hidráulica, incluso la de aquellos que, en privado, abominan de sus postulados. Pero lo cierto es que nadie se atreve a ir contramano del manoseado principio de la “recuperación de costes”, a pesar de que la Directiva Marco de Aguas permite excepciones por diferentes motivos y además en ningún momento habla de una recuperación íntegra de los costes. Sin embargo, lo cierto es que, desde una lectura torticera de la normativa comunitaria, ha calado la idea de que los regantes deben pagar más por el agua que consumen, hasta el punto de que esa noción forma parte del “bienpensar” del momento en política hidráulica. Y ese “bienpensar” se traduce en los EpTIs es un perceptible afán recaudatorio, que se fundamenta en un coste ambiental que por otro lado se reconoce no está bien definido. Dicho de otra forma, que quieren meter la mano en el bolsillo del regadío en razón de motivos difusos que no se concretan y que se cobijan bajo el socorrido paraguas ambiental y la manoseada Directiva Marco de Aguas (DMA), a pesar de que, a nuestro juicio, ya cumplimos más que holgadamente con la transposición de la DMA de Aguas.
Finalmente, de confirmarse su redacción actual, los EpTIs del litoral también pueden acabar condicionando la actividad agrícola con nuevos requisitos ambientales relacionados con la gestión en las márgenes de los ríos o de los caudales ecológicos. Estos criterios podrían poner en peligro la sostenibilidad de miles de hectáreas del regadío, que crean empleo y riqueza en la región y que por políticas mal diseñadas y evaluadas –desde los despachos públicos, ya sean de la propia administración del agua o de grupos pseudo-ecologistas que ocupan sin coste alguno espacios públicos– pueden generar más pobreza y desempleo que entendemos que la sociedad no se puede permitir en estos tiempos de crisis, donde el regadío ha demostrado su carácter esencial.
Pensamos que el Gobierno andaluz no ha pensado bien en estas cuestiones y probablemente influida de forma inconsciente por planteamientos hídricos que recuerdan más bien a los de la administración anterior ha planteado unos documentos que podrían lesionar las posibilidades de desarrollo del regadío, un sector clave que genera no solo riqueza y empleo, sino también investigación científica e innovación tecnológica, además de ser un sector clave para la garantía y soberanía alimentaria.
Valoramos, eso sí, en todo caso, la predisposición al dialogo de los responsables políticos de la administración andaluza, y esperamos que esa apertura y voluntad de consenso se traduzca en una modificación de estas cuestiones y, por tanto, en una verdadera apuesta por el desarrollo sostenible del regadío.