La nueva directiva europea sobre aguas regeneradas que ha salido del Parlamento Europeo y está pendiente de aprobación por el Consejo preocupa, y mucho, entre expertos y políticos que apuestan por el empleo de este recurso hídrico alternativo. Y es que la normativa en ciernes más que fomentar su uso, como teóricamente pretende, lo desincentiva completamente, al imponer unas altísimas exigencias y restricciones que elevan el coste de la regeneración y hacen prácticamente inviable la aplicación de este recurso para el regadío. En las elocuentes palabras del consejero murciano de Agua, Agricultura y Pesca, Miguel Ángel del Amor, “más que fomentar la reutilización en cultivos, fomenta tirarla a los ríos”.
En concreto, la nueva normativa eleva las exigencias relacionadas con Escherichia Coli, nematodos, sólidos en suspensión y turbidez, que son los parámetros habituales que se han venido utilizando para la regeneración de aguas, pero, no satisfecho con eso, incorpora nuevos requerimientos en sustancias emergentes, protozoos y control de bacterias, lo que supondrá un encarecimiento del coste de los tratamientos y, a la hora de la verdad, un paso atrás en las políticas de fomento de la reutilización que se venían aplicando. El proyecto de Directiva aprobado por el Parlamento ahora está ahora pendiente de su información por el Consejo de Europa y su posterior aprobación en un proceso de Codecisión, donde España y los países del Sur deben de trabajar mucho y bien para que la regeneración con fines agrarios no sea una utopía por inviabilidad económica del tratamiento de regeneración. Aquí el Gobierno de Andalucia, debe sumar esfuerzos junto a los gobiernos de Murcia, Valencia, Cataluña y las regiones insulares, para que la Directiva de verdad facilite la utilización de éste recurso “no convencional”, tan necesario para la agricultura de más valor social y económico de muchas zonas de España. Enfrente, los países del Norte de Europa, que con sus altas exigencias – que por cierto, no piden a productos agrícolas procedentes de otros países no europeos- tratan de frenar la competitividad agrícola de los países del Sur.