Nunca se ha hablado tanto de la importancia de agua, y nunca se había hecho tan poco por reforzar su garantía y disponibilidad con el medio más eficaz que existe: las obras de regulación.

La planificación hidrológica sigue siendo, demasiadas veces, papel mojado.- Mientras ya se trabaja en el cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033), las principales obras previstas en los planes vigentes continúan prácticamente donde estaban hace años. San Calixto, Cerrada de la Puerta, Agrio, Alcolea, Álamo, Pedro Arco, La Coronada, Cerro Blanco, Gibralmedina… la lista apenas ha cambiado. Las administraciones planifican, anuncian y vuelven a planificar, pero las obras de ejecución siguen sin llegar. Algunos avances a nivel de proyecto y poco más.

El déficit hídrico es una realidad que va a más por el cambio climático.- Incluso ejecutándose las obras planificadas, la previsión es que el déficit hídrico no se corrija, sino que aumente como consecuencia del cambio climático. Sólo en el Mediterráneo la planificación prevé que pueda llegar a corregirse gracias a los recursos no convencionales. Desgraciadamente, las lluvias son en Andalucía más escasas de los que nos gustarían, pero cuando llueve, como ha llovido a primeros de año, carecemos de las infraestructuras de regulación (tanto presas y balsas) que permitirían almacenar agua para los períodos secos. Si el cambio climático trae menos precipitaciones pero más intensas, ¿a qué estamos esperando?

Pagando por una infraestructura que no rinde.- El extraordinario año hidrológico de 2026 ha puesto al descubierto, de nuevo, pero con mayor elocuencia, el deficiente funcionamiento de la estación de bombeo de Breña II. En uno de los años más lluviosos de la última década, la infraestructura sólo fue capaz de aprovechar el 18 % del agua que las condiciones hidrológicas permitían almacenar, dejando escapar más de 140 hectómetros cúbicos que habrían reforzado la garantía de suministro frente a futuras sequías. Resulta difícilmente justificable que los regantes continúen soportando los elevados costes de explotación y amortización de una infraestructura cuyo rendimiento real sigue muy por debajo de las prestaciones para las que fue concebida.

El interminable culebrón de Breña II y Arenoso.- Hace más de un año que el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, se comprometió públicamente a impulsar el traspaso de la gestión de los embalses de Breña II y Arenoso desde ACUAES a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Un año después, los regantes seguimos esperando que ese compromiso se traduzca en hechos. Mientras tanto, continúan soportando unos cánones y tarifas desproporcionados como consecuencia de un modelo de gestión que el propio Ministerio reconoció implícitamente que era necesario revisar. Sabemos que se ha constituido un grupo de trabajo al respecto, pero no es bastante.

El Inventario de Cauces Públicos abre un nuevo frente de inseguridad jurídica.- Entre las noticias más preocupantes del año destaca la publicación del Inventario de Cauces Públicos de la cuenca del Guadalquivir. Elaborado con una metodología basada fundamentalmente en cartografía y sin el suficiente trabajo de campo, el documento declara públicos cerca de 170.000 arroyos y más de 270.000 tramos, generando una enorme incertidumbre sobre miles de fincas agrícolas. Especialmente preocupante resulta el diferente tratamiento otorgado al medio urbano y al rural: mientras en las ciudades el inventario tiene un carácter meramente informativo, en el campo despliega efectos jurídicos directos sobre la propiedad y el uso del suelo. Un planteamiento que amenaza con incrementar la conflictividad y la inseguridad jurídica precisamente entre quienes gestionan y conservan el territorio.

La revisión del Plan de Sequía consolida un modelo que antepone las restricciones ambientales a la garantía de agua.- La revisión del Plan Especial de Sequía del Guadalquivir consolida un enfoque que prioriza el mantenimiento de determinados objetivos ambientales incluso en situaciones de escasez, reduciendo el margen de actuación para garantizar el abastecimiento a la agricultura y limitando la capacidad de gestionar las sequías con criterios de equilibrio entre protección ambiental, seguridad alimentaria y actividad económica.