Feragua ha presentado alegaciones a la consulta pública previa del Anteproyecto de modificación de la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, con una propuesta concreta: excluir expresamente de la Ley los sólidos naturales procedentes de la decantación en infraestructuras hidráulicas. La razón de esta exclusión es clara: estos materiales no deben ser tratados como residuos, ya que se generan de forma natural y su retirada constituye una labor ordinaria de mantenimiento imprescindible para garantizar el adecuado funcionamiento de canales, balsas y otras infraestructuras hidráulicas.

Nuestras alegaciones proponen incorporar un nuevo supuesto de exclusión en el artículo 3 de la Ley con una redacción que permita dejar fuera de su ámbito de aplicación los sólidos naturales procedentes de la decantación en infraestructuras destinadas al almacenamiento, regulación, transporte o distribución de aguas, siempre que su retirada responda a actuaciones ordinarias de conservación o mantenimiento. Con ello no pretendemos reducir las garantías ambientales ni alterar la aplicación de la legislación de aguas o del resto de la normativa sectorial, sino reforzar la seguridad jurídica, eliminar una laguna normativa y mejorar la coordinación entre la legislación de residuos, la hidráulica y la agraria.

Estos sedimentos no son el resultado de una actividad productiva, sino depósitos naturales de arenas, limos, arcillas y materia orgánica que el agua transporta y acaba depositando en canales, balsas y otras infraestructuras hidráulicas. Su retirada resulta imprescindible para conservar la capacidad, la eficiencia y la seguridad de estas instalaciones. Si llegaran a considerarse residuos, las comunidades de regantes podrían verse obligadas a trasladarlos a gestores autorizados y centros de tratamiento, con unos costes que, en muchos casos, harían inviable la limpieza periódica de las infraestructuras y comprometerían su correcto funcionamiento.

Hemos trasladado nuestra propuesta tanto a Fenacore como a todas nuestras comunidades de regantes para que presenten alegaciones en esta dirección durante el periodo de consulta pública. Asimismo, hemos solicitado a las consejerías andaluzas de Agricultura y de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como al Ministerio de Agricultura y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que respalden esta modificación, convencidos de que contribuirá a dotar de mayor seguridad jurídica a la gestión ordinaria de las infraestructuras hidráulicas sin menoscabar la protección del medio ambiente.