Feragua ha advertido de las importantes consecuencias administrativas, jurídicas y técnicas que puede provocar el proceso de información pública abierto por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) para la elaboración del Inventario de Cauces Públicos, que contempla más de 270.000 tramos de cauce y alrededor de 170.000 arroyos calificados como públicos. Y que este ‘río’ no tiene otra desembocadura que la de una enorme conflictividad administrativa y patrimonial, al afectar potencialmente a miles de propietarios y explotaciones agrarias de la cuenca.
Consideramos un error que la Confederación haya abierto un procedimiento de esta dimensión en un contexto en el que acumula más de 7.000 expedientes concesionales pendientes de resolución, muchos de ellos con años de antigüedad. Resulta incoherente promover una consulta pública que puede derivar en miles de nuevas alegaciones y procedimientos administrativos cuando la propia Administración ya presenta importantes dificultades para tramitar y resolver los expedientes actualmente en curso. Lo que nos tememos es que esta iniciativa termine provocando un incremento aún mayor del bloqueo administrativo y de la conflictividad jurídica en la cuenca del Guadalquivir, generando nuevas cargas de trabajo para unos servicios administrativos ya fuertemente saturados.
Resulta especialmente preocupante que la CHG haya impulsado este procedimiento sin haber realizado previamente un análisis suficientemente individualizado sobre el terreno, basando gran parte de la delimitación de cauces en criterios cartográficos y procedimientos semiautomáticos. Máxima cuando en muchos casos la propia Administración hidráulica había considerado anteriormente determinados cauces de carácter privado al autorizar sobre ellos balsas de acumulación y otros aprovechamientos hidráulicos. Esta circunstancia evidencia una importante contradicción administrativa que genera una enorme inseguridad jurídica para los afectados.
Desde Feragua hemos recordado a la administración hidráulica que la determinación de la naturaleza pública de un arroyo o vaguada no puede realizarse únicamente mediante fotografías aéreas, presencia puntual de agua o simples indicios de vegetación, sino que exige estudios hidromorfológicos, topográficos y funcionales mucho más rigurosos. Asimismo, hemos insistido en que, en buena parte del territorio andaluz, predominan explotaciones de dehesa y formaciones de monte mediterráneo —encinas, alcornoques, acebuches, jaras o palmitos— cuya vegetación no puede equipararse automáticamente a vegetación típica de ribera ni utilizarse como criterio concluyente para determinar la existencia de dominio público hidráulico.