La discriminación y el maltrato al medio rural se respiran en cada acto administrativo. Así puede apreciarse en el Inventario de Cauces Públicos en la Cuenca del Guadalquivir que acaba de ser sacado a consulta pública por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Este inventario, el primero de estas características que se hace en España, y en el que nuestra Cuenca actúa por tanto como “conejillo de indias”, nos ha llamado la atención por muchas cosas, pero la que nos hace de entrada desconfiar profundamente es el doble rasero empleado en zonas urbanas y rurales.

Así, el documento declara como públicos hasta 170.000 arroyos y más de 270.000 tramos en la cuenca del Guadalquivir: una auténtica barbaridad. Pero, ojo, dice que esta declaración tiene un carácter meramente informativo en ciudades, mientras que en el medio rural se convierte en normativo, con efectos directos sobre la propiedad privada y el uso del suelo. O sea, qué con los agricultores y regantes, muy gallitos. Con los ayuntamientos y las industrias de los polígonos industriales que pudieran verse afectados por esa declaración, mejor no meterse en líos. La declaración es solo informativa para ellos. Para las zonas rurales, tiene fuerza de ley.

Como suele decirse, con este inventario la administración se mete en “un auténtico jardín”. Y lo primero que debemos advertir desde Feragua es que este inventario va a generar una elevada conflictividad, ya que la delimitación entre cauce público y privado resulta en muchos casos difusa y, si tiene carácter normativo, tiene implicaciones económicas y patrimoniales muy serias. Pues la declaración de un terreno como dominio público hidráulico implica restricciones como zonas de servidumbre y policía, que condicionan su uso futuro e incluso pueden suponer, en la práctica, la pérdida de superficie sin compensación económica, lo que algunos expertos jurídicos consideran una posible “expropiación encubierta”.

De modo que, si hay que hacerlo, hay que hacerlo bien. Y la metodología empleada no ha sido la más adecuada, pues se ha basado fundamentalmente en información cartográfica y catastral, sin un trabajo de campo suficiente que permita contrastar la realidad física del terreno.

Asimismo, hemos detectado que la sola presencia de una lámina de agua en cualquier arroyo (balsa, charca,…) hace que el Inventario califique al arroyo como público, sin considerar que muchas de estas balsas están autorizadas como de aguas pluviales. Es decir, que la propia CHG ha resuelto que se han ejecutado sobre un cauce privado por lo que en algunos casos este Inventario es una refutación de actos administrativos anteriores.

El volumen del inventario refuerza esta preocupación: se proponen como públicos cerca de 170.000 arroyos y más de 270.000 tramos en toda la demarcación del Guadalquivir, lo que supone una carga ingente de revisión para comunidades de regantes y propietarios. Por ello, desde Feragua hemos solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la ampliación en un mes y medio del plazo de consulta pública, actualmente fijado hasta el 22 de abril, con el fin de garantizar un análisis riguroso y la correcta formulación de alegaciones.

Es imposible hacer esa ingente revisión en el plazo previsto, máxime cuando el método empleado por la administración parece dejar a los perjudicados la responsabilidad de hacer la revisión de campo que ella no ha hecho. En consecuencia, desde Feragua se solicitará que la propia administración asuma la revisión completa del inventario a través de un exhaustivo trabajo de campo que no ha hecho y que, por su falta de rigor técnico, lesiona la seguridad jurídica. Y por supuesto, reclamará la plena igualdad de trato entre el medio urbano y rural, pues la diferenciación que se ha realizado entendemos atenta contra el principio de igualdad consagrado por la propia Constitución española, demostrando una evidente falta de sensibilidad hacia el campo y sus derechos.