En el marco de las alegaciones presentadas al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), desde Feragua hemos advertido del riesgo que supone facilitar la sustitución de regadío por grandes instalaciones de energías renovables, especialmente plantas solares fotovoltaicas, en suelos que han sido objeto de importantes inversiones públicas y privadas a lo largo de décadas, y que en su día esas zonas regables fueron declaradas proyectos de interés general del estado y/o de la comunidad autónoma.
El regadío es un sector estratégico clave para Andalucía, y en particular para su medio rural, vital para el empleo, la balanza comercial, la fijación de la población al territorio, el equilibrio demográfico y para el propio paisaje. En los últimos años, y con el objetivo de promover su modernización, ha movilizado además una gran cantidad de inversiones públicas y privadas. Por ello, consideramos imprescindible que la planificación territorial evite cualquier marco normativo que permita desplazar este uso productivo consolidado en favor de otros ajenos a la actividad agraria.
Desde Feragua defendemos de forma clara el desarrollo de las energías renovables vinculadas directamente al regadío, especialmente las instalaciones fotovoltaicas destinadas al autoconsumo de las comunidades de regantes y agricultores de regadío, que contribuyen a reducir costes energéticos, mejorar la eficiencia y avanzar en la descarbonización del sector. Agua y energía deben abordarse de forma conjunta, ya que el coste energético es hoy uno de los principales factores que condicionan la viabilidad del regadío.
Sin embargo, rechazamos con rotundidad que, al amparo de declaraciones de interés general, se otorguen facilidades para la implantación de grandes plantas fotovoltaicas que puedan llegar incluso a justificar la expropiación de parcelas de regadío, sustituyendo un uso agrícola productivo y estratégico por otro que no guarda relación con la actividad agraria. Este enfoque supone ignorar las inversiones ya realizadas, inutilizar infraestructuras existentes y comprometer el futuro económico, demográfico y paisajístico de zonas rurales profundamente vinculadas con el regadío, para las que estas inversiones en placas solares supondrán, como suele decirse, “pan para hoy y hambre para mañana”.
En este sentido, valoramos positivamente que el POTA contemple limitaciones a la implantación de plantas fotovoltaicas en suelos de alta capacidad agronómica y en zonas regables de interés general, pero consideramos necesario reforzar y ampliar esta protección a todas aquellas áreas de regadío que hayan sido modernizadas con financiación pública. Al mismo tiempo, reclamamos que los proyectos de autoconsumo promovidos por comunidades de regantes queden claramente diferenciados y excluidos de estas restricciones, al estar directamente ligados a la sostenibilidad económica y ambiental del regadío andaluz.