Sí al concepto y a la intención general proclamada, pero no, un NO como una catedral de grande, a su plasmación. En Feragua compartimos la finalidad general de mejora de la transparencia en la gestión del agua, pero la iniciativa del sello del agua planteada por el MITECO para favorecer a los operadores y entidades de gestión que cumplen determinados requisitos planteados por la administración nos parece que tiene un tufo orwelliano. O se adaptan a nuestros requerimientos o se quedan sin ayudas. Torticeramente ejecutado, el sello puede convertirse en eso: en una herramienta de imposición o chantaje.
En cualquier caso, se trata de una medida escasamente progresista, si por progresista se tienen las políticas para favorecer a los que más lo necesitan. Pues el Sello puede funcionar como una barrera de acceso a las ayudas públicas para los operadores con menor capacidad técnica y financiera, y en particular para las comunidades de regantes más pequeñas, produciéndose la paradoja de que serán las entidades más tecnificadas, con estructuras administrativas y digitales avanzadas, las que podrán cumplir los requisitos con facilidad.
En cambio, las comunidades menos tecnificadas, con redes antiguas y mayores déficits de inversión —precisamente las que más necesitan modernizar infraestructuras de riego, mejorar eficiencia energética y avanzar en digitalización— quedarían en desventaja o incluso excluidas. En consecuencia, el instrumento podría consolidar una brecha de desigualdad entre comunidades de regantes, penalizando a quienes parten de una situación más desfavorable y que deberían ser prioritarias en políticas públicas de modernización y resiliencia.
Para que el Sello cumpla su función sin efectos excluyentes, resulta imprescindible que el marco regulatorio o su desarrollo posterior deje claro, de manera expresa, que no debe operar como requisito obligatorio para el acceso a ayudas públicas dirigidas a modernización, eficiencia energética o digitalización, particularmente cuando estas ayudas están orientadas a corregir déficits estructurales. Asimismo, si se emplea como criterio de priorización, debe hacerse de manera proporcional y equilibrada, incorporando criterios correctores que no penalicen a las entidades que parten de mayores carencias. De no establecerse estas cautelas, el Sello podría terminar provocando un “efecto Mateo”: más recursos para quienes ya están en mejores condiciones, y menos para quienes más los necesitan.