Tras conocer los planes de las administraciones para la puesta en uso de recursos no convencionales procedentes de la regeneración de aguas, Feragua han considerado necesario advertir tanto a la administración estatal como a la autonómica de la necesidad de actuar con máxima cautela en el aprovechamiento de las aguas regeneradas, especialmente en cuencas interiores como la del Guadalquivir, para evitar efectos indeseados sobre los caudales ecológicos y sobre los usuarios ya existentes. En este sentido, ha recordado que, conforme a la normativa estatal sobre aguas regeneradas, estos recursos deben destinarse preferentemente a la sustitución de usos existentes y a la mejora ambiental, y no a la generación de nuevas demandas, especialmente en zonas de interior.
Y es que en cuencas como el Guadalquivir o en áreas altas de las cuencas mediterráneas, las aguas regeneradas no pueden considerarse un recurso nuevo, ya que actualmente esas aguas, tras su depuración en las EDAR, se vierten a los cauces y pasan a formar parte del caudal circulante del río. La implantación de estaciones de regeneración de aguas (ERA) para desviar esos volúmenes hacia nuevos usos implica reducir el caudal que circula por los ríos, lo que puede: a) afectar al cumplimiento de los caudales ecológicos; b) perjudicar a usuarios aguas abajo de las depuradoras, que pueden ver reducido el recurso disponible; y c) obligar a realizar desembalses adicionales para mantener los caudales mínimos, tensionando aún más la gestión de la cuenca.
FERAGUA pide por tanto a las administraciones que distingan claramente entre el uso de aguas regeneradas en el interior y en la costa. En las zonas litorales, estas aguas suelen verterse al mar, por lo que su reutilización sí puede considerarse un recurso adicional y contribuir, además, a reducir impactos ambientales en el medio marino. Sin embargo, en el interior, retirar agua regenerada del cauce equivale a detraer recursos del sistema fluvial, con efectos directos sobre el equilibrio hidrológico y los usos consolidados.
La advertencia se produce tras la reciente aprobación en la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) del acuerdo para el aprovechamiento y distribución de una reserva de 20 hm³ de aguas regeneradas destinada a nuevos regadíos, así como después de participar en una reunión técnica informal con la Junta de Andalucía en el marco de la elaboración de la Estrategia Andaluza de Recursos Hídricos No Convencionales, una iniciativa de la Administración autonómica para el desarrollo de los planes hidrológicos de las cuencas litorales en materia de regeneración y desalación. Según los datos expuestos, según la planificación hidrológica vigente, la estrategia plantea un crecimiento muy significativo de estos recursos hasta el horizonte 2039: de 36 hm³ en 2019 a 135 hm³ en 2039, en Desalación; y de 8,5 hm³ en 2019 a 60 hm³ en 2039, en Regeneración. En conjunto, las previsiones de la Junta de Andalucía apuntan para toda Andalucía —incluyendo la cuenca del Guadalquivir— a un potencial máximo cercano a los 700 hm³, con aproximadamente 264 hm³ de aguas regeneradas y 436 hm³ de aguas desaladas.
Un recurso más caro y con límites claros
Desde Feragua siempre hemos apoyado las políticas tendentes a fortalecer el mix hídrico pero empezamos a percibir que en la práctica esta apuesta se está traduciendo en un repliegue de las políticas necesarias para aumentar la garantía de aguas superficiales. En este sentido, debemos recordar que el agua regenerada es, en general, más cara que el agua superficial, y que su regulación está pensada para resolver problemas ambientales y reforzar la garantía de los usos existentes, no para absorber crecimientos de demanda que no serían sostenibles. Por todo ello, nos vemos en la obligación de insistir en que el desarrollo de la reutilización debe hacerse respetando estrictamente los usos establecidos, los caudales ecológicos y el principio de no deterioro, evitando “hacer trampas al solitario” en cuencas interiores donde el margen de maniobra es muy limitado. Del mismo modo, hacemos un llamamiento a las administraciones para que sigan impulsando la modernización y desarrollan las infraestructuras necesarias para aumentar la garantía de las aguas superficiales.