El presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, participó, en representación de Fenacore, en la última reunión de la Mesa Nacional del Regadío, donde defendió con firmeza la necesidad de excluir los sedimentos decantados de balsas y canales de riego de la aplicación de la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados, argumentando que su clasificación como “residuo” carece de sentido técnico, agronómico y jurídico. Según expuso, estos materiales —fundamentalmente arenas, limos, arcillas y materia orgánica procedente del propio flujo natural del agua— son material natural e inerte, históricamente incorporado de forma segura a los suelos agrícolas, sin impacto ambiental y con claros beneficios para la fertilidad. De hecho, las llanuras aluviales o las vegas fértiles de los principales valles del país están formadas por la acumulación progresiva de estos sedimentos que son depositados en las riberas de los ríos en los periodos de avenidas.
Durante su intervención, explicó que la entrada en vigor de la Ley 7/2022 ha generado un vacío interpretativo que algunas administraciones están aplicando de manera rígida, clasificando estos sedimentos como residuos y obligando a tratarlos como tal. Esta interpretación, según denunció, es incompatible con el funcionamiento real de las infraestructuras de riego y supondría una carga económica y operativa inasumible para las comunidades de regantes y en algunos casos para la propia Administración.
Jose Manuel Cepeda subrayó además que estos sedimentos encajan plenamente en la exclusión prevista en el artículo 3.2 de la Ley 7/2022, que deja fuera de su ámbito de aplicación los materiales inertes de origen natural utilizados de forma segura en actividad agrícola. También recordó que el Real Decreto 1051/2022 sobre nutrición sostenible de suelos agrarios refuerza esta interpretación al amparar el uso agrícola de materiales naturales no peligrosos. “Calificar como residuo un material que se reincorpora al suelo para mejorar su estructura, su capacidad de retención de agua y su fertilidad no solo es técnicamente incorrecto, sino contrario al principio de economía circular”, subrayó.
El presidente de Feragua alertó asimismo de que aplicar la normativa de residuos a estos materiales provocaría una paralización total del mantenimiento de las infraestructuras de riego, dado que la gestión como residuos exigiría transportes a gestores autorizados, análisis y procedimientos administrativos que duplicarían costes y tiempos, poniendo en riesgo la operatividad de balsas, canales y redes de distribución. Esto tendría efectos directos sobre la eficiencia del riego, la disponibilidad del agua y la estabilidad del sistema productivo agrario.
Finalmente, instó a las administraciones a aprobar una aclaración normativa o nota interpretativa que garantice seguridad jurídica y confirme la exclusión de estos materiales del régimen de residuos. Para ello, propuso establecer un protocolo específico que incluya analíticas básicas y trazabilidad, pero sin catalogar estos materiales como desecho. “El regadío necesita soluciones realistas, adaptadas a su funcionamiento y respetuosas con la sostenibilidad. No podemos permitir que un error interpretativo ponga en riesgo infraestructuras esenciales para la agricultura española”, afirmó.