La DANA. Aunque menores, no desde luego de la magnitud de los que ha sufrido el Levante, la agricultura andaluza también se vio afectada por la DANA de final de octubre. Según estimaciones de la propia Junta de Andalucía, se produjeron daños en el poniente almeriense, costa de Granada, Málaga, Cádiz, Jaén y Sevilla, con 69 municipios afectados. Frente a estos daños, el Gobierno central, anunció ayudas de 10.600 millones y la Junta de Andalucía de 75 millones. Las terribles inundaciones pusieron de manifiesto la necesidad de un cambio de mentalidad frente a la obra hidráulica tradicional y especialmente hacia las presas, que son la mejor solución que existe frente al cambio climático, pues ayudan a combatir las sequías y laminan avenidas en las inundaciones. Las llamadas SBN, o Soluciones Basadas en la Naturaleza, han demostrado que no solucionan nada. Esperemos que de la tragedia aprendamos al menos esa lección.
Sin avances sustanciales en las obras de regulación. Nueve embalses aprobados en la planificación hidrológica podrían estar ya en funcionamiento en Andalucía y ninguno está ejecutado. Esa es la triste realidad de las políticas hidráulicas que nos han puesto a merced de las inundaciones y ciclos de sequía asociados al cambio climático. La dejación ha sido general en todas las cuencas y de la responsabilidad no está exenta ninguna de las administraciones, ni la estatal ni la autonómica. De las nueve presas que cuentan en teoría con el plácet administrativo, solo hay una iniciada y paralizada sine die, que es Alcolea, y, de las ocho restantes, ninguna está licitada y ni siquiera con proyecto acabado, solo hay dos en redacción de proyecto (el recrecimiento del Agrio y Gibralmedina) y el resto está en fases preliminares (Recrecimiento de la Concepción, El Álamo, Pedro Arco, la Coronada, San Calixto y Cerrada de la Puerta). Asimismo, otras dos presas que fueron aprobadas en la planificación, concretamente Velillos en Granada y Cerro Blanco en Málaga, finalmente fueron descartadas por más que dudosos motivos medioambientales. Frente a esta situación, necesitamos devolver “los intereses de las personas” al centro de las políticas de agua, y acabar con ese “terror verde” que ha paralizado hasta ahora la ejecución de embalses.
El caso de San Calixto. De todos estos embalses, el caso de San Calixto es especialmente sangrante pues, si todas las presas en general cumplen una función esencial en la laminación de avenidas, ésta en concreto aparece incluida dentro del Plan de Gestión de Inundaciones de la Cuenca, como una infraestructura estratégica para evitar las inundaciones en Écija y Palma del Río. Aprobado en el Plan Hidrológico del Guadalquivir hace la friolera de quince años, aún no se ha empezado. Ni se ha empezado ni tiene proyecto siquiera. Recientemente acaba de pasar la etapa de autorización de los pliegos de condiciones para la redacción de proyecto, que es el paso previo a la licitación de esa redacción de proyecto y estudio de alternativas. Mínimo necesitaremos diez-quince años para verlo hecho realidad.
Canon de Breña II y Arenoso.- La propuesta de canon de Breña II y Arenoso para 2025 ha sido tan abusiva que no nos ha quedado más remedio que plantear un boicot fiscal masivo. Es algo que no nos gusta pues si de algo tenemos fama los regantes del Guadalquivir y los andaluces en general es de buenos pagadores. Pero es que no hay derecho y no vamos a tolerarlo. Llevamos años escuchando decir que es un tema que tiene difícil solución. Pero por supuesto que hay solución, o soluciones, y no son tan difíciles. Desde la gestión directa por la CHG, hasta la ampliación del plazo de amortización pasando por la no repercusión del IVA (que es ilegal) y la no repercusión de los costes de la estación de bombeo (que está bombeando menos del diez por ciento del agua prevista). Para ello, recientemente hemos mantenido una reunión con la Directora General del Agua del MITECO, María Dolores Pascual y el presidente de la CHG, Joaquin Paez. que esperemos den sus frutos.
Ley de residuos para la economía circular. La ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que sustituye a la hasta ahora ley vigente 22/2011, equipara los sedimentos naturales de las balsas a los residuos de una depuradora. Lejos de ser inocua, esta equiparación de los sedimentos de las balsas como residuos tiene consecuencias muy gravosas para los regantes, pues supone una serie de obligaciones, informes y analíticas y medidas de transporte que harían inviable la explotación agrícola. Una agresión más a los intereses de la agricultura de regadío por culpa del terror verde que condiciona todas las políticas públicas. En este caso, también está FERAGUA realizando gestiones ante las Consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y ante los Ministerios competentes del gobierno central ( MAPA y MITECO) para resolver esta situación, que confiamos podamos revertir.