Preocupación por el papel que puedan jugar estas entidades colaboradoras de la administración hidráulica en materia de aprovechamiento y protección de las aguas

Fenacore acaba de presentar sus alegaciones a las nuevas órdenes del Gobierno para el control de contadores y régimen jurídico de las ECAH (Entidades Colaboradoras de la Administración Hidráulica en materia de aprovechamiento y protección de las aguas). En relación con estas últimas, existe una fundada preocupación de que estas entidades puedan ser usadas por la administración hidráulica para eludir sus responsabilidades en materia de policía, control y vigilancia de las aguas, inspección de los aprovechamientos e instrucción de procedimientos sancionadores.

Todas estas competencias son propias de la administración y son indelegables, por lo que las alegaciones presentadas por Fenacore van en esa dirección, insistiendo que las actuaciones de estas entidades solo pueden ser informativas y de certificación de datos. Y siendo de esa naturaleza, podrían ser asumidas por los servicios técnicos de las Comunidades de Regantes, lo que sería mucho más económico para los usuarios.

Control de contadores

En cuanto a la normativa sobre control de contadores, las alegaciones de Feragua subrayan que los costes de los sistemas adicionales o supletorios de medición e información sean soportados por los organismos de cuenca sin repercusión a los usuarios, que ya tienen suficiente con la obligación de asumir los costes que se deriven de llevar ese control volumétrico. Asimismo, se ha solicitado la modificación de las categorías de aprovechamiento para que las explotaciones pequeñas no se vean expuestas a costes de control inasumibles. También se ha demandado que no se obligue a medir con carácter general todos los vertidos de la zona regable, por no ser estrictamente necesario y suponer un coste muy gravoso, y que las Comunidades de Regantes sean asimiladas a las ECAH en todo lo referente al control de las captaciones y vertidos.

Igualmente, se ha pedido que se mantenga la potestad actual de los presidentes de los organismos de cuenca de autorizar de forma motivada otros sistemas de medición de caudales diferentes a los que establece la norma. Finalmente, se ha pedido un aumento de los plazos de revisión y de certificación de los sistemas de control volumétricos y de los plazos para la adaptación a la norma.