Nuevamente el Gobierno se excede en la transposición de las demandas comunitarias.

Otra norma que se aprobará este año y que afectará grave (y perjudicialmente) a los intereses del regadío es el Real Decreto por el que se modifican los Anexos I y II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. El objeto de este Decreto es garantizar la adecuada transposición al ordenamiento jurídico de la Directiva 2011/92/UE, de evaluación de impacto ambiental, dando respuesta a un procedimiento de infracción dirigido contra España por la Comisión Europea.

El proyecto de la disposición se sometió a información pública durante los pasados meses de octubre y noviembre y, como ya informamos, Feragua presentó sus alegaciones, después de comprobar la mayoría de las actuaciones en materia de regadíos y obras hidráulicas del Anexo II (procedimiento simplificado) se pasaba al Anexo I (procedimiento ordinario), incrementando de forma injustificada las trabas administrativas a este tipo de actuaciones. Estas actuaciones ya se encuentran sometidas a evaluación ambiental, por lo que no pueden considerarse actuaciones sobre las que la Comisión haya señalado incumplimiento de la Directiva 2011/92/UE. Dicho de otra forma, el Gobierno vuelve a excederse en su interpretación de los requerimientos comunitarios y a nuestro entender impone más trabas injustificadas a la tramitación de las obras hidráulicas – que son muy necesarias para hacer frente a sequías e inundaciones-, quizás con el ánimo de no hacer inversiones en este tipo de obras “malditas” para los altos responsables del Ministerio.