Foto: El Correo de Andalucía.
Las modificaciones pondrían en riesgo las inversiones en nuevas infraestructuras planteadas en el proyecto de Plan Hidrológico del Guadalquivir.
Cambiar las reglas del juego en mitad del partido. Es lo que pretende hacer el Ministerio con su proyecto de modificación del Real Decreto 907/2007, de 5 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Planificación Hidrológica (RPH) y el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, proyecto que se presenta en el período de consulta pública de un nuevo ciclo de planificación hidrológica. Nuestro presidente, José Manuel Cepeda, presentó nuestro voto particular en contra de esta reforma, que pone en riesgo las inversiones planteadas en el proyecto de Plan Hidrológico del Guadalquivir, sin servir para los fines teóricamente pretendidos de ajustarse al artículo 4.7 de la Directiva Marco de Aguas.
Muy al contrario, la modificación planteada, además de imponer una carga administrativa innecesaria y redundante, en tanto que ya existen dos procedimientos (planificación y evaluación de impacto ambiental) en los que, obligatoriamente, por mandato comunitario interpretado por los Tribunales españoles, debe realizarse la justificación del artículo 4.7 de la DMA, afecta negativamente a la posibilidad de ejecutar las actuaciones que se encuentran incluidas en los proyectos de planes hidrológicos expuestos en información pública hasta el 22 de diciembre.
En concreto, el recrecimiento del Agrio en la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir, que es una actuación básica y fundamental para aliviar la presión por extracciones subterráneas en las masas de agua del entorno de Doñana y, con ello, contribuir a la consecución de los objetivos medioambientales, podría verse impedido por esta reforma, que afectaría a todas las obras que modifiquen las masas de agua, las cuales podrán serán impugnadas por sus opositores por no cumplir esta nueva normativa.