El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno acaba de darnos la razón en la demanda de información realizada a un organismo público.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) acaba de avalar el derecho que asiste a Feragua a acceder a toda la información pública que sea de interés para sus asociados. Así lo ha hecho en una resolución favorable a nuestra demanda de acceder a los informes sobre el acuífero Almonte-Marismas planteada al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

En estos informes se basa el procedimiento, iniciado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de declaración en riesgo de no alcanzar el buen estado de las masas de aguas subterráneas de Almonte, Marismas y La Rocina. La resolución estima nuestra reclamación porque, aunque el IGME proporcionó parte de la información solicitada, lo hizo no sólo transcurrido el plazo máximo de un mes que prevé la Ley Transparencia y Acceso a la información pública, sino incluso cuando ya estaba presentada la reclamación ante el CTBG. Asimismo, el CTBG ordena retrotraer el procedimiento, en lo que afecta a un informe elaborado por la Agencia Andaluza del Agua (hoy Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía), respecto al cual el IGME consideró que debía ser solicitado directamente a la Junta de Andalucía. El CTBG considera que la actuación del Ministerio no es conforme a la Ley, dado que el IGME debe remitir la solicitud al órgano competente de la Administración autonómica e informar a esta Asociación de tal actuación, cuestión que ya ha sido realizada por el IGME.

Tras esta resolución favorable a los intereses de nuestra asociación, nos sentimos muy respaldados en lo que siempre hemos mantenido y exigido: nuestro derecho a acceder a toda la información de interés para nuestros asociados generada por los organismos públicos. En consecuencia, no dudaremos en demandar a las distintas administraciones, tanto estatal como autonómica, toda la información que, en cada caso, sea necesaria para defender los intereses de los asociados en materia de gestión hídrica y energética, utilizando las herramientas previstas en la normativa de transparencia y acceso a la información pública.

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