En las últimas fechas hemos sido muy críticos con las primeras decisiones tomadas por el nuevo Gobierno andaluz en relación con las ayudas a la mejora del regadío. Sobre todo después de conocer el proyecto que el nuevo equipo de la Consejería estaba preparando para modificar la Orden de 26 de julio de 2017. Un proyecto que venía a dar por bueno los criterios y procedimientos del anterior Ejecutivo socialista y cuyo resultado ha sido, a estas alturas de 2019, un nivel cero de ejecución de las ayudas del Plan de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, financiado con fondos FEADER.
Frente a este proyecto hemos elaborado unas alegaciones que hemos explicado y presentado personalmente al director general de Producción Agrícola y Ganadera, Manuel Gómez Galera, en quien hemos encontrado al menos una voluntad clara de revertir la baja ejecución de ayudas y la inoperatividad del procedimiento de tramitación anterior. Acompañado por Rafael Cuevas, Gómez Galera nos pidió, de hecho, ayuda para ello, y nos invitó a formar parte de una mesa de trabajo con técnicos y asesores jurídicos de la Consejería.
El presidente de Feragua, José Manuel Cepeda, que estuvo acompañado por su secretario general, Pedro Parias, le dejó muy claro nuestra posición. Mientras sigan los mismos criterios, la ineficacia está garantizada. La simplificación normativa y administrativa es urgente. La eliminación de la exigencia 85% de eficiencia global, simplemente imperativa para evitar la exclusión de los sistemas de riego donde pueden lograrse mayores ahorros. El empleo de una nueva metodología para el cálculo del ahorro del agua basada en el derecho concesional, imprescindible para otorgar garantía jurídica. Y el aumento del presupuesto tope para ayudas a regadíos y disminución dependencia energética (hasta los 20 y los 2 millones respectivamente), fundamental para acometer grandes proyectos de grandes comunidades: con el tope de 5 millones solo las comunidades por debajo de 1.500 has podrán beneficiarse de las ayudas.