Es cierto que el cambio climático es una realidad y no es menos cierto que como resultado del mismo tendremos ciclos de sequías más largos, mayores posibilidades de inundaciones y en general un clima más seco y por tanto menos propicio para la actividad agrícola. En ese contexto, las administraciones no pueden practicar únicamente políticas para el control de la demanda. Estas políticas son necesarias y el objetivo del ahorro se convierte en más prioritario que nunca. Sin embargo, la eficiencia del regadío, especialmente en comunidades como la andaluza, ya es muy alta, y las políticas públicas deben incidir también en las políticas relacionadas con la oferta de los recursos hídricos, si de verdad quiere favorecer una agricultura competitiva e innovadora.
Dicho de otra manera, es imprescindible aumentar la capacidad de regulación y conciliar la preocupación medioambiental con la inversión en nuevas presas y microembalses que den garantía a la actividad de riego. Por ello, Feragua ha pedido al Gobierno andaluz que priorice en su sistema de ayudas la inversión en almacenamiento de aguas dentro de las zonas regables. Actualmente esta línea de inversión está contemplada pero de una forma que lejos de favorecer estas inversiones en la práctica se impiden. El sistema de ayudas diseñado castiga estos proyectos, alejándolos de la posibilidad real de obtener recursos públicos para su realización.