Por desgracia, no todas las noticias fueron positivas. Aquí dejamos una relación de las que más nos preocupan

Breña II y Arenoso y Registro de Agua: la mala noticia es que no hay noticias.- En estos dos casos, ciertamente la mala noticia es que no hay noticias. La explotación directa de las presas Breña II y Arenoso sigue en manos de la sociedad estatal Acuaes, lo que hace que estos embalses nos cuesten 1.5 millones más, una parte por el IVA que ACAUES repercute a nuestro entender ilegalmente a la CHG -que estamos recurriendo- y otra por los mayores costes de explotación de ambas presas, que denunciamos desde hace años. En cuanto al Registro de Aguas de las zonas regables estatales, la situación de bloqueo se mantiene y la administración no está haciendo lo que debería hacer, que es inscribir de oficio a las comunidades con derechos otorgados por el propio Estado a lo largo de todo el siglo XX.

Exclusión de las ayudas públicas de los sistemas con mayor capacidad de ahorro.-  La Junta de Andalucía  ha incorporado en los criterios de concesión de sus incentivos a la innovación y mejora de regadíos un nuevo criterio que es nefasto y contrario al interés público, pues excluye precisamente a los proyectos de modernización con mayor potencial de ahorro. Se trata del criterio que excluye de la posibilidad de subvención a todos aquellos proyectos en los que la eficiencia total del riego no sea superior al 85% una vez ejecutadas las actuaciones por las cuales se solicita, lo que deja fuera a todos los sistemas que funcionan por gravedad o por aspersión. Y es que no en todos los sistemas resulta viable una transformación a riego por goteo, lo que no quiere decir que esos sistemas no sean susceptibles modernizarse, ser más eficientes y ahorrar agua. Con la penalización de todos los sistemas que funcionan por gravedad o aspersión se priva de ayudas públicas a proyectos de modernización muy necesarios para ciertas zonas del regadío andaluz, que además son los de mayor potencial de ahorro pueden conseguir.

Exasperante lentitud en la tramitación de los expedientes concesionales del regadío en Andalucía.- Hasta tal punto de que hay expedientes Cádiz y Huelva, que corresponde resolver a la Consejería de Medio Ambiente se llevan tramitando durante más de tres años, habiéndose superado el plazo máximo legal para resolver. Asimismo, expedientes concesionales y de autorización de aguas pluviales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir llevan demoras  de años, como si los peticionarios pudieran esperar sine-die la resolución administrativa que debería resolverse en los plazos legales establecidos. Al retraso por la escasez de recursos dedicados a estos procedimientos, hay que sumar las trabas que se están poniendo en el otorgamiento de estas concesiones, impidiendo su buen término y generando una inseguridad jurídica que repercute en las inversiones, y por tanto, en la generación de empleo y riqueza.

Especies invasoras.- Las noticias que nos llegan de todas nuestras comunidades es que las especies invasoras siguen su avance imparable. Como ya hemos informado en varias ocasiones, se estiman que representan para Andalucía una amenaza potencial de 72 millones de euros, repartidos entre sobrecostes energéticos (30 millones), de mano de obra (38 millones), y tratamientos (3,6 millones). La administración competente en control de las especies invasoras, la Consejería de Medio Ambiente, sigue sin actuar y poner en marcha de una vez por todas un plan de control y prevención de Especies Invasoras en Andalucía.